Imprime esta página - Tamaño de texto + / - Editorial - Enero 2023

EDITORIAL Nº 86

La geopolítica internacional está delimitada por el enfrentamiento entre EEUU-Europa contra los BRICS del tándem chino-ruso por un nuevo reparto del mundo capitalista. Dispuesto a no renunciar a su hegemonía global, el Tío Sam, representante del viejo orden unipolar, atiza, financia y apoya el avance del fascismo. A través de alianzas establecidas con las burguesías locales, el imperialismo busca por un lado, retrasar cualquier aspiración independiente de los pueblos y, por otro: frenar el desarrollo del orden multipolar. Estos son los elementos que debemos tener en cuenta para apreciar los fenómenos políticos que ocurren en Latinoamérica y el mundo.

El golpe constitucional contra el presidente José Pedro Castillo es un cabal ejemplo de lo mencionado. El ex mandatario impulsaba una orientación distinta de la política exterior alejada de las pretensiones norteamericanas. Mientras tanto se acercaba al Grupo de Puebla y al BRICS. Por su parte, pretendía ejecutar una serie de cambios que le dieran más control al Estado sobre los recursos y pusieran coto al poder de los monopolios, los bancos y la aristocracia latifundista peruana, motivos suficientes para que sus rivales políticos hicieran lo imposible por sacarlo de la Casa de Pizarro. Los sectores de “derecha” aplicaron todo el manual de golpes blandos aprendido en la embajada norteamericana. Arrinconado, debilitado políticamente, Castillo pretendió devolver los golpes y mantenerse en el gobierno. Sin embargo, el cambio de mando ya estaba consumado.

La caída de un gobierno democrático en la región es un antecedente peligroso pues señala la debilidad de ciertos “progresismos” y de las fuerzas populares frente al ascenso y consolidación del fascismo de las oligarquías locales asociadas con el imperialismo. Lo sucedido en Perú, como antes en Bolivia o Brasil, es un mensaje de la propagación del fascismo de la mano de la Casa Blanca cuyas tácticas se aplican por igual en cualquier país, sin vacilaciones de ningún tipo.

Ante esos hechos de gravedad, el gobierno peronista de Alberto Fernández no puede tener actitudes mediocres y contradictorias: se repudia el golpe o se convierte en cómplice. No hay término medio, se está del lado golpista como Macri con Jeanine Añez en Bolivia o se los enfrenta. El papelón político de Fernández no tiene parangón: al igual que Biden, primero llamó por teléfono a la ilegítima presidenta peruana para manifestarle su apoyo y luego, en una voltereta vergonzosa, firmó una carta junto con los gobiernos de Colombia, México y Bolivia denunciando el golpe y manifestando “preocupación” por el orden constitucional. El rol asumido por Fernández en la política exterior del país es lamentable o peor: señala que es un impresentable. Pareciera que el mandatario de la Casa Rosada se olvida de que la persecución política y judicial sufrida por su vicepresidenta tiene características y razones similares a la destitución de Castillo. No creer que lo sucedido en Perú pueda replicarse en nuestro país es, cuando menos, una ingenuidad política funcional al enemigo en momentos cuando el fascismo local muestra los dientes todos los días.

Se acerca fin de año y el peronismo todavía no logra resolver el talón de Aquiles de su gestión: la acumulación de reservas en el Banco Central, una de sus principales debilidades pues, sin ellas, el margen de maniobra es endeble y cada paso que da está condicionado por ese obstáculo. No se puede gobernar tranquilamente ni tener consenso social ni repartir fondos a la burguesía en primer lugar, a los trabajadores y los desocupados después si no hay dinero en la caja. Menos que menos se puede pensar en la posibilidad de la reelección del peronismo si no se encuentra una solución al problema.

Ante esa coyuntura la dirigencia del Frente de Todos elige fundamentalmente privilegiar los intereses de la clase dominante en detrimento de las necesidades del pueblo. Hasta ahora, el oficialismo logró sortear la tormenta social que se avecinaba con la llegada del ministro Sergio Massa. El hombre de aceitadas relaciones con la embajada norteamericana y los grupos monopólicos del país no escatimó en tomar las medidas que exigían acelerando a su vez las metas de ajuste acordadas con el FMI. Así, el superministro ahuyentó los fantasmas de las corridas bancarias, la hiperinflación, la devaluación y las consecuencias políticas conocidas de otras épocas.
Como buen alumno del FMI, el Ministro Massa rindió la lección trimestral ante el organismo especulador mendigándole dólares frescos a la burguesía financiera internacional para cumplirles a las patronales locales. Por lo pronto, consiguió un préstamo del BID de 500 millones de dólares que son parte del puntapié inicial para desarrollar la minería del litio y las energías renovables. Tanto el gobierno nacional, como las provincias, se frotan las manos ofreciendo los recursos naturales del país a los capitales extranjeros. Sueñan con polos industriales de baterías y coches eléctricos, con enormes parques eólicos y solares, con niveles exorbitantes de extracción de minerales, pero se olvidan del resquemor y la resistencia de los pueblos que no están dispuestos a ser sacrificados en aras de la ganancia y el consumo capitalista.

Un plan alternativo que baraja la Casa Rosada para obtener financiamiento externo es esperar la asunción de Lula Da Silva para pedirle un favor de amigos: Massa planifica negociar un acuerdo regional con el país vecino para recibir fondos de los DEG que no va a utilizar Brasil a cambio de guardar una parte en las arcas del Central y asegurarle el uso de la otra parte de los dólares en las relaciones comerciales bilaterales entre ambos países. Si bien no hay nada seguro, el peronismo apuesta a que la tan mentada unidad del populismo latinoamericano sea un hecho y no palabras. Habrá que esperar para confirmar si Lula será el bombero del Frente de Todos o no…

Para contentar a los distintos sectores del poder económico que pugnan por aumentar sus ganancias y con el afán de engordar las reservas de dólares, el “renovador” Massa planificó un esquema de reparto de la riqueza que concilie las contradicciones burguesas. De este modo, el gobierno peronista se revela como un fiel administrador de los negocios de nuestros explotadores.

La aristocracia de la bosta compuesta por los grandes terratenientes del país, la Sociedad Rural y los pulpos del complejo agroexportador fueron los primeros en recibir su tajada. El ministro de Economía les llenó los bolsillos con un precio diferencial del dólar soja II a cambio de que liquiden la cosecha y provean al Tesoro con más de 1,6 mil millones de dólares. De esta manera, el ejecutivo nacional acapara fondos que le sirvan de piso para comenzar el próximo año electoral.

Al segundo grupo, ligado a la industria y al consumo masivo, el gobierno les abrió las puertas de las restricciones para el acceso a la divisa norteamericana a precio oficial, es decir, más barato, a cambio de que firmaran el plan Precios Justos. La “zanahoria” de un tipo de cambio beneficioso para la importación fue una ganga demasiado buena para las grandes cadenas de la alimentación (Arcor, Mastellone, Molinos Río de La Plata) y para los supermercados. Esperando recibir su porción de la torta, estos parásitos “aceptaron” congelar los precios de los productos más necesarios de la canasta básica. Sin embargo, la duda de los empresarios se centra en si el superministro tendrá los fondos necesarios para ellos. En caso de que el gobierno no logre recaudar más dólares provenientes de créditos, inversiones y nuevos préstamos, la “tregua” podría romperse en el momento menos esperado.

Un detalle no menor de la política populista del oficialismo es que tal medida le sirve para contrarrestar la inflación constante, a la vez que tranquiliza a su propia base y al pueblo al que le cuesta llegar a fin de mes. Un parche que no es garantía de nada si se producen cambios en la situación externa o interna.

La frutilla del postre del gobierno hacia los fugadores seriales del país es la nueva ley de blanqueo de capitales. Pensado para “recuperar” los dólares que se robaron sin declarar las fortunas más importantes de Argentina, el oficialismo pretende perdonarles las multas y penas a los históricos ladrones de guante blanco del país. A cambio deberán repatriar la enorme riqueza que esconden ilegalmente. Es casi una tomada de pelo que una parte de esos bienes y fortunas se guarden en un fondo nacional del 20% para el pago al FMI cuando muchos de ellos fueron los principales beneficiarios del crédito gestionado por Macri y Lagarde.

Por otra parte, el Presidente Alberto Fernández sostiene el ajuste del Fondo sin ruborizarse. Los nuevos aumentos de las tarifas de transporte público y de los servicios, el recorte a la salud y la educación, la quita de subsidios sociales y el no pago del Potenciar Trabajo son ejemplos concretos de que las principales víctimas del FMI somos los trabajadores y el pueblo. Nosotros seremos los pagadores de una deuda “legitimada” por un gobierno autodenominado nacional y popular, cuya dirigencia avaló la estafa pergeñada por Cambiemos. En estos momentos decirle No Al PAGO AL FMI significa no ceder a las imposiciones de los dueños del poder, significa luchar por los derechos del campo popular contra el paquete de recortes económicos y sociales que pretenden imponernos.

Una señal ejemplar de resistencia a tales medidas se manifestó en el desafío de los movimientos sociales contra el ministerio de Desarrollo Social. El “apriete” del gobierno para disciplinar a los trabajadores informales y desocupados reteniéndoles el pago correspondiente al trabajo que realizan dentro del plan Potenciar Trabajo, sumado a la propuesta de desenganchar la asignación del salario mínimo vital y móvil, lo que significaría cobrar menos, y la amenaza de revelar los nombres de los destinatarios de esos fondos fue una mala movida política de la dirigencia del Frente de Todos. La decisión desacertada de Tolosa Paz la enfrentó no sólo a los espacios disidentes a la gestión, sino a las organizaciones sociales que son parte del movimiento peronista. Las masivas marchas y cortes que se desarrollaron a lo largo del país demostraron que un sector del campo popular no está dispuesto a ser la variable de ajuste del poder. La unidad de todo el movimiento piquetero que inteligentemente dejó sus diferencias de lado atemorizó al gobierno de la clase dominante y lo obligó a retroceder, una señal de   impotencia del gobierno frente a la fuerza de los millones de trabajadores informales que día a día aportan a la economía del país. Fue una pequeña victoria del campo popular que nos enseña la importancia de la unidad en la lucha para defender los derechos conquistados, pero que también nos obliga a ampliar el frente de aliados y sectores a convocar ante el plan del enemigo.

Por otra parte, uno de los mayores reclamos de los trabajadores al gobierno se debe a la situación económica en que vivimos. A lo largo del año hubo cientos y miles de pequeños y grandes conflictos laborales emprendidos por los trabajadores estatales y privados por aumentos de salarios. La lucha por una mejora de los sueldos es una de las formas que los explotados utilizamos para evitar caer en la pobreza frente a la inflación. En el país hay más de dos millones de trabajadores pobres que con sus ingresos no pueden cubrir el costo de sus necesidades. Esa presión social obliga al gobierno peronista a ofrecer alguna respuesta para no perder el apoyo social y menos de su base electoral. En ese aspecto, el trillado anuncio del gobierno de un bono de fin de año para los trabajadores registrados brilla por su ausencia. El silencio de oficina del oficialismo contrasta con la retórica de la burocracia de la CGT que se limita a quejarse por lo bajo en vez de organizar un paro general. Tanto unos como otros son cómplices que juegan contra nuestros intereses. Por eso no podemos confiar en ellos, pues toda conquista será posible mediante nuestra organización y unidad de base, desde las asambleas de fábrica, hasta las comisiones de delegados como enseñan las experiencias de los obreros del neumático, los metalúrgicos de Acindar y los profesionales de la salud.

Una de las últimas novedades políticas ligadas al lawfare, la persecución política a Cristina Fernández y la fascistización de nuestra sociedad es el escándalo del lobby de Lago Escondido. Las revelaciones de la asociación entre la casta judicial, los servicios de inteligencia, funcionarios de Cambiemos, empresarios de multimedios y millonarios extranjeros son la muestra palpable de la unidad política de los dueños del poder. Se reúnen y planifican políticas contra los pueblos, fabrican enemigos internos y los propagan en sus medios. Atacan a quienes consideran sus opositores, inician campañas de odio para perseguir, hostigar, encarcelar y reprimir a sus adversarios. Cuentan con todas las herramientas a su disposición para confundir y atemorizar al campo popular. Tienen en sus manos a los grandes medios de comunicación masiva que arman estrategias de desinformación y a su servicio los aparatos represivos y de inteligencia del Estado para desaparecer luchadores como Santiago Maldonado. Jueces adictos son parte de su propio riñón y fallan siempre en favor de sus privilegios y en contra de los trabajadores. Son parte de la oposición de Cambiemos y desde allí emprenden una obstrucción sistemática a su rival de turno, expresión manifiesta del poder de una clase que es capaz de todo con tal de mantener su estatus y no ceder en nada.

Las revelaciones de la logia de Lago Escondido ponen de manifiesto la podredumbre de la clase dominante que en las sombras aplica estrategias ilegales de apriete y chantaje contra sus enemigos. Por tal motivo, exigimos al gobierno nacional, a los tribunales correspondientes y a todas las instancias institucionales que tomen todas las medidas jurídicas y políticas para investigar y juzgar a los conspiradores de Lago Escondido. Sólo la luz de los hechos nos permitirá comprender la magnitud y alcances de sus planes. No podemos ser blandos ni tibios frente a un enemigo que ha demostrado su brutalidad a lo largo de la historia argentina. Insistimos nuevamente con que el ambiente con tufillo golpista que la clase dominante y el partido militar pretenden instaurar en el país no es algo novedoso, sino parte de la fascistización creciente en la sociedad. Desde el intento de magnicidio a la vicepresidenta y su esperable inhabilitación para ejercer cargos públicos se hace evidente que el Partido Militar quiere eliminar cualquier tipo de oposición y voz díscola dentro de la clase dirigente. Sin dudas, el objetivo político de la operación contra la líder del movimiento populista por antonomasia es descabezar la unidad electoral del peronismo, quitándole el piso del 30 % votos propios que arrastra Cristina Kirchner. Dispersar y aislar al máximo dirigente del oficialismo deja vulnerable a los candidatos del Frente de Todos que, por comodidad o ineptitud, no pudieron estar a la altura de las circunstancias.

No seremos nosotros los que por mirar a otro lado o llamarse a silencio nos convirtamos en funcionales al enemigo. Más allá de nuestras diferencias con el peronismo comprendemos que son una parte importante del campo popular y nos une la misma explotación y opresión. Es nuestra tarea como militantes advertir al pueblo de las prácticas y planes de Cambiemos y los sectores más reaccionarios del poder. Sólo así evitaremos que el fascismo se extienda en nuestro país.

En grandes rasgos, la política económica del Frente de Todos puede sintetizarse en sostener la estafa del pago de la deuda con el FMI, ofrecer los recursos naturales al mejor postor extranjero y mantener las ganancias de los dueños del poder. Por otra parte, intentará sostener la base de apoyo social electoral repartiendo, dentro de lo posible, alguna migaja a los trabajadores y a los sectores populares sin eliminar ninguno de los planes de ajuste y recorte previsto. Sin embargo, el punto flaco de las faltas de reservas, la incapacidad para contener la inflación y cierto descontento social en el seno del pueblo son tendencias de un clima de inestabilidad y movilización de las masas. Trabajemos para ampliar el frente de lucha contra las directivas del FMI. Seamos amplios y fraternos para buscar la unidad entre trabajadores y desocupados, entre quienes luchan por salud, educación, vivienda. Busquemos ampliar la solidaridad con la resistencia popular contra la entrega de los recursos naturales. Organicémonos, hagamos fracasar el plan del FMI. El presente es lucha el futuro es nuestro.